Nuestro país debería disponer en el futuro “de un sector eléctrico capaz de satisfacer la demanda a precios competitivos y respetando las restricciones medioambientales”. Para ello “la estrategia eléctrica debería definirse a través de un pacto regulatorio entre los principales partidos políticos que aporte seguridad y estabilidad en el largo plazo”. Esta es una de las principales conclusiones del documento publicado por el Círculo de Empresarios bajo el título “Una nueva estrategia para el sector eléctrico español. Una visión a largo plazo en el contexto de Kioto”. El trabajo fue presentado hoy por el presidente del Comité de Energía, Javier Vega de Seoane y por el presidente del Círculo, Claudio Boada Pallerés.
El Círculo recomienda “la promoción de las energías de generación renovables, ya que contribuyen a una mayor independencia energética”, pero considera que “el apoyo debe ser transitorio, transparente y asignarse en un proceso competitivo, estableciendo claramente el horizonte temporal del mismo y desarrollando mecanismos alternativos que permitan una correcta asignación de precios”. Al mismo tiempo no cree conveniente “un cierre prematuro de aquellas centrales de carbón que están proporcionando al sistema energía eléctrica fiable y a bajo coste marginal” y considera también que “debe dotarse al sistema gasista de mayor capacidad de almacenamiento”.
Respecto a la energía nuclear, el documento propone replantearse el papel de este tipo de energía y, “como están haciendo la mayoría de los países que disponen de centrales nucleares”, asegurar “el alargamiento de la vida de nuestras centrales, lo que sería, sin duda un paso muy importante desde el punto de vista estratégico”. En función de los condicionantes de demanda, económicos y de compromisos medioambientales existentes se aconseja, en la misma línea, que “las centrales que vayan llegando al fin de su vida deberían ser sustituidas por otras centrales nucleares de última generación”.
En cuando al Protocolo de Kioto, el Círculo aconseja, para el período 2008-2012, “una revisión del denominado Burden Sharing Agreement. Se trataría de alcanzar una situación en la que la carga que debe asumir la economía española sea similar (que no superior, como en la actualidad) al esfuerzo que realizarán otros países de nuestro entorno”. El documento sugiere “una revisión del sistema tarifario puesto que no refleja todos los costes e introduce claros desincentivos al desarrollo del mercado”. “La eliminación de las tarifas -dice- requiere previamente incrementar los niveles de competencia y un funcionamiento sin distorsiones del sistema de formación de precios”.
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