- Las medidas de ajuste que debatirá el Parlamento son tardías e insuficientes
- Tienen que acompañarse de reformas estructurales necesarias para recuperar el crecimiento
- Hay que reducir el tamaño de la Administración Pública como alternativa a la subida de impuestos
Las medidas de recorte del gasto público que el jueves 27 de mayo se debatieron en el Parlamento son, a nuestro juicio, tardías e insuficientes. Suponen un cambio positivo en los planteamientos gubernamentales, así como un reconocimiento de la gravedad de la situación y de la necesidad de un recorte drástico del gasto en la línea defendida durante largo tiempo por el Círculo. Sin embargo, siguen sin permitir la imprescindible corrección de los desequilibrios fiscales, sobre todo porque no se acompañan de las necesarias reformas estructurales ni tienen la dimensión exigida ante el desmesurado déficit público actual.
El nivel salarial de nuestros funcionarios no nos parece el problema principal, aunque su reducción sea la medida razonable a corto plazo. El verdadero problema reside en el elevado número de empleados públicos y, especialmente, en el ineficaz funcionamiento de la Administración Pública. La solución al desequilibrio fiscal ha de buscarse, por tanto, en cambios mayores, más numerosos y profundos, entre los que cabría incluir la reducción del número de asesores, la supresión de cargos y organismos innecesarios, la amortización de plazas en la función pública, la implantación de un modelo de financiación con mayor corresponsabilidad fiscal por parte de las Comunidades Autónomas, la revisión de las subvenciones, la privatización de televisiones públicas o la introducción del copago en determinados servicios. Por el contrario, no podemos estar de acuerdo con la subida de impuestos anunciada para más adelante, ya que su impacto negativo sobre la actividad puede incluso provocar un efecto agregado de disminución de ingresos.
El paquete de medidas, publicado este lunes en el BOE, más allá de quedarse corto en la absorción del insostenible déficit público, olvida las medidas de calado que muchas instituciones hemos venido proponiendo. De ese modo, deja fuera las políticas verdaderamente capaces de dotar a nuestra economía del dinamismo necesario para salir fortalecida de la presente crisis. Como viene siendo habitual, de nuevo se toman decisiones volcadas al horizonte temporal más inmediato y se dejan pendientes las reformas estructurales imprescindibles para el desarrollo de un patrón productivo más competitivo en el medio y largo plazo.
Además, los vaivenes en los planteamientos de política económica del Gobierno a lo largo de los últimos meses añaden incertidumbre acerca de las medidas que, tarde o temprano, habrán de completar de manera inevitable a las ahora anunciadas. De este modo, las dos grandes losas –desempleo y endeudamiento– que lastran a la economía amenazan con seguir operando en forma de un círculo vicioso claramente dañino.
Ante la gravedad de la situación actual, resulta del todo incomprensible que las medidas de reducción del gasto se presenten más como una alternativa que como un complemento a la modernización del mercado laboral, la reestructuración del sistema financiero, la constitución de un modelo energético competitivo o la reducción de la estructura de la Administración Pública, por citar algunas de las reformas estructurales más urgentes y más largamente pospuestas. Reformas que, por otra parte, constituyen la mejor receta posible para la consolidación fiscal, en tanto que su puesta en marcha permitiría alcanzar mayores ritmos de crecimiento económico sano y, por tanto, incrementos en la recaudación impositiva.
Tampoco se entiende que las medidas se anuncien sin el contenido didáctico exigible para concienciar a la sociedad española de la auténtica gravedad de la crisis. Aunque a nadie le agrade reconocerlo, lo cierto es que nos aproximamos a una situación insostenible que sólo puede evitarse soportando ciertos sacrificios. Precisamos cambios profundos; con costes a corto plazo, pero con beneficios mucho mayores a medio y largo. Es ahora cuando los diversos agentes sociales y económicos han de estar a la altura de sus responsabilidades. En la medida en que toda la sociedad española asuma esta realidad y se apreste a un esfuerzo compartido, ese balance positivo de las reformas estructurales se logrará con mayor rapidez y eficiencia. Pero es al Gobierno a quien corresponde tomar la iniciativa en la adopción de estas medidas y hacerse cargo, por tanto, de sus obligaciones frente a todos los españoles, sean cuales sean los costes que esa indeclinable responsabilidad lleve consigo.
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