La Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) es una de las piezas legislativas más relevantes que las Cortes españolas deben aprobar cada año por ser el principal instrumento de política económica del Gobierno. En un contexto como el actual, marcado por una creciente incertidumbre, revisión a la baja del crecimiento de las principales economías, tensiones inflacionistas y endurecimiento de la política monetaria, el Proyecto de PGE debería ser el resultado de un consenso político y social, que anteponga el interés general al del partido o partidos que configuren el Gobierno. Debe centrarse en revertir la maltrecha situación de las cuentas públicas y en acometer las reformas estructurales necesarias que favorezcan un crecimiento económico más sólido, competitivo y sostenible. Desde el Círculo de Empresarios se reitera la necesidad de tener en cuenta las consecuencias a largo plazo de las decisiones de política económica adoptadas hoy.
La propuesta de PGE para 2023 presentada no se enmarca en una estrategia de medio plazo. El Círculo de Empresarios comparte la conveniencia de adoptar medidas excepcionales para paliar los efectos de la pandemia y de la crisis energética, pero deben ser selectivas, temporales, focalizadas en los colectivos más vulnerables y desligadas de ideología partidista. Todo ello en el marco de una política fiscal prudente, rigurosa, efectiva y eficiente para impulsar el crecimiento estable.
El Círculo de Empresarios considera que las previsiones de crecimiento recogidas en el cuadro macroeconómico para 2023 carecen de la credibilidad y la capacidad de generar confianza. Si bien el crecimiento del PIB nominal (6%) se ajusta a las previsiones del Banco de España y la AIReF (5,9%), hay diferencias sustantivas en su composición. En la estimación del Gobierno tiene más peso el crecimiento real de la actividad económica que el componente de precios. Si se tiene en cuenta que las variables nominales son las que determinan en mayor medida los ingresos tributarios, un avance del PIB real menor como prevén la mayoría de los analistas implica fiar la recaudación en buena parte a la evolución e la inflación. En la elaboración de los PGE se da la diabólica paradoja de que infravalora los ingresos de 2022, que son la referencia de planificación para el siguiente ejercicio, algo que puede parecer una estratagema presupuestaria. Se añade la falta de transparencia en la información facilitada por el Libro amarillo que acompaña a los PGE 2023, al no incluirse el segundo escenario de ingresos y gastos públicos al alza recogido en el Plan presupuestario enviado a Bruselas días después del inicio del trámite parlamentario. Y, finalmente, carecen de la prudencia y responsabilidad precisas por vincular incrementos de ingresos coyunturales a financiar mayor gasto permanente con el posible efecto en el déficit estructural, que ya es elevado.
Esta propuesta de PGE no es solidaria y puede tener implicaciones en la cohesión social. Se erosiona el equilibrio intergeneracional al trasladar buena parte del coste del Estado de Bienestar actual a las generaciones más jóvenes. En esta línea van medidas como la indexación de partidas de gasto al IPC, con impacto en el gasto estructural y el posible efecto sobre el sector privado vía negociación colectiva, así como la demora en establecer una senda de consolidación fiscal creíble para corregir los elevados niveles de déficit y deuda. A su vez, en el contexto actual de pérdida de poder adquisitivo por la elevada inflación, la no deflactación de los tramos del IRPF incrementa el esfuerzo de las tradicionalmente sacrificadas rentas medias españolas.
Por otra parte, desde el Círculo de Empresarios se muestra preocupación por la inseguridad jurídica en el ámbito empresarial que genera la falta de concreción sobre cómo se instrumentan y el momento en que se hacen efectivas algunas de las nuevas medidas impositivas. Conviene considerar que los costes se han incrementado vía cotizaciones a la Seguridad Social, a pesar de que ya eran de las más elevadas de nuestro entorno. Por si fuera poco, además, las empresas ven limitadas la compensación de pérdidas cuando se integran en grupos consolidados. Además, la generalización de prácticas de gratuidad de algunos servicios distorsiona las señales de los precios y aumenta los gastos públicos vía transferencias.
El Círculo de Empresarios desea recalcar la necesidad de establecer una senda creíble de reducción de la deuda pública a medio plazo. La minoración en la ratio de deuda pública prevista en los PGE se debe exclusivamente al crecimiento del producto nominal. Se añade el impacto en su coste por un endurecimiento de la política monetaria y la presión en las primas de riesgo. Aprobar un techo de gasto histórico, en el que el incremento adicional respecto a 2022 se destina en su mayoría a nuevo gasto estructural, no va en la línea requerida por la implacable ortodoxia de la contabilidad pública. La AIReF estima que a medio plazo la deuda pública quede estabilizada en 108,5% del PIB, un elevado nivel que limita aún más el margen de maniobra de la política fiscal, como instrumento de estabilización ante perturbaciones negativas.
En definitiva, no son los Presupuestos que precisa España y urge generar certidumbre en el ritmo de ejecución de las inversiones asociadas a los fondos Next Generation EU y las reformas estructurales que deben acompañarlos para no comprometer seriamente su impacto sobre el PIB potencial a medio plazo.
Por lo que parece para este Gobierno todo es oportunismo electoral y no le importa seguir abriendo vías de agua en la flotación de la economía española.
