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Descripción
Existe una amplia evidencia empírica y una sólida fundamentación teórica, que muestra que la eficacia de la organización económica es la clave del desarrollo económico de los países y que tal eficacia está directamente relacionada con el marco jurídico-institucional. Además del análisis histórico, esta tesis se ve ampliamente reforzada en el mundo contemporáneo: el atraso de muchas áreas geográficas con abundantes recursos naturales y humanos se explica por la ausencia de derechos de propiedad reconocidos y garantizados, la inestabilidad político-institucional, la deficiente Administración Pública y su intervencionismo excesivo, y, en fin, por el mal funcionamiento de su sistema judicial. La inseguridad jurídica y la incertidumbre retraen a los inversores (propios y extranjeros) e impiden el normal desenvolvimiento de los negocios. El sistema judicial es una pieza básica del marco institucional de un país y los efectos de su funcionamiento, a corto y a largo plazo, no deben ser infravalorados como sucede frecuentemente. Es por ello de la máxima importancia tener una Justicia apropiada para asegurar, no sólo el “imperio de la ley en un estado de derecho”, sino también para garantizar la existencia de una economía de mercado moderna y eficiente y el crecimiento sostenido a largo plazo. Un mal funcionamiento de la justicia genera costes difusos u ocultos, de difícil cuantificación, pero relevantes, y que recaen sobre el conjunto de la sociedad, y no sólo sobre los afectados por los procedimientos judiciales. Un mal funcionamiento de la justicia, en particular, afecta negativamente al comportamiento y decisiones empresariales.
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