Autor/es:
Claudio Boada Pallerés
Ponente/es:
Claudio Boada Pallerés
Lugar:
Club Siglo XXI
Conferencia Club Siglo XXI
29 noviembre 2004
“Las Reformas Estructurales Pendientes de la Economía Española”
Claudio Boada Pallerés, presidente del Círculo de Empresarios
Conferencia:
Antes de entrar en materia, conviene apuntar que las reformas estructurales son un medio para lograr unos objetivos de política económica y no un fin en sí mismo. Esos objetivos en la actual coyuntura, deben ser:
- Mantener en España una tasa de crecimiento económico superior a la del conjunto de la Unión Europea, para cerrar el diferencial que separa a nuestro Producto Interior Bruto per cápita de la media europea antes de la reciente ampliación.
- Conseguir ese crecimiento por una doble vía, que es la de aumentar la tasa de ocupación y la productividad simultáneamente y
- Ambos objetivos deben lograrse en un marco de estabilidad económica, que empieza por la estabilidad presupuestaria, y se apoya en una estabilidad en el marco político constitucional. La unidad de mercado por un lado y la unidad de la nación española por otro, no deben ponerse en cuestión en unos momentos en que la globalización exige, si cabe, una mayor integración nacional. Lo que me lleva a abundar en la necesidad también de unas relaciones fluidas en el ámbito internacional.
En definitiva, es preciso avanzar en los impulsos liberalizadores que ya en 1959 con el plan de estabilización, en 1986 con la adhesión a la comunidad económica europea, y en el 2000 con la entrada en el euro, propiciaron unas fases de crecimiento económico que transformaron a España de un país atrasado y pobre, en la octava potencial mundial. Pero el progreso es una carrera que no da tregua y es preciso mantener el esfuerzo de estos años para dar continuidad a los logros económicos alcanzados.
Para conseguir ese crecimiento intenso, estable, sostenido y capaz de generar empleos y bienestar, es necesario potenciar el papel de la iniciativa privada, y de la empresa, en el crecimiento económico y dar un nuevo impulso a las reformas estructurales y a la liberalización de la economía.
Quiero empezar por definir lo que entiendo por reformas estructurales. Desde mi punto de vista, se trata de reformas que tienen una influencia decisiva en el comportamiento a largo plazo de la economía y de la sociedad. Se trata por tanto de reformas estratégicas, y no de meras acciones tácticas orientadas al corto o medio plazo, que son por otra parte también necesarias.
Pues bien, en este sentido, puede afirmarse que existen muchas reformas estructurales pendientes. Es cierto que debe llevarse a cabo, de forma urgente, un debate para encontrar la mejor solución a largo plazo al abastecimiento energético de España; también que, como dijo recientemente el Círculo de Empresarios, la liberalización de horarios comerciales y, sobre todo, la supresión de la llamada “segunda licencia”, supondrían un importante avance para la productividad empresarial e individual; de igual modo, la desregulación del mercado de telecomunicaciones y otras industrias de red serían temas de los que habría que hablar. Sin embargo, algunos de ellos son temas sectoriales, en los que el Círculo no suele entrar, y otros requerirían una conferencia monográfica. Prefiero ceñirme a algunos de los temas ya abordados por el Círculo de Empresarios que afectan, de forma general, a la economía y a la sociedad en su conjunto, y no bajar a reformas sectoriales, más detalladas, que harían interminable mi intervención.
Hoy por lo tanto me toca hacer crítica, siempre constructiva, a todos los gobiernos que hemos tenido en las últimas décadas, puesto que ellos son, colectiva y colegiadamente, los responsables de que aún estén pendientes un buen número de reformas estructurales, que son necesarias para maximizar el crecimiento, el bienestar y el empleo, a largo plazo.
Eso sí, justo es reconocer en su descargo que las reformas estructurales son eso, estructurales, mientras que los gobiernos son “coyunturales”, en la medida en que están sujetos al ciclo político de 4 años. Cualquiera que sea la causa, hay multitud de reformas que hubieran debido ponerse en marcha, pero que aún siguen pendientes y que están lastrando el crecimiento, la productividad y la competitividad de la economía española.
Casi todos los gobiernos tienen muy clara la necesidad de emprender determinadas reformas, pero unos lo tienen más claro que otros, y unos tienen las manos y los compromisos más libres que otros. Sin embargo, a veces sorprende que las realicen los menos esperados. Por ejemplo, la primera reconversión industrial, las reformas iniciales del mercado de trabajo, la de los alquileres y los horarios comerciales o el permitir algunas televisiones privadas, las hicieron en España gobiernos socialistas. Bien es verdad que posteriormente, sin mayoría absoluta, el Partido Popular siguió adelante con las reformas del mercado de trabajo y con una mayor amplitud de privatizaciones.
Como dije al principio, no quiero ser exhaustivo y me voy a referir sólo a aquellas 4 ó 5 reformas que me parecen más importantes. Concretamente hablaré de pensiones, del mercado de trabajo, de reformas fiscales, y por último de suelo y vivienda, con un apunte final a la educación. Decisiones valientes y urgentes en los frentes que voy a tratar, llevarán en nuestra opinión a sustanciales mejoras en lo que se refiere a productividad y a competitividad, piedras angulares de las debilidades que en gran medida nos aquejan hoy.
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En primer lugar está, como no podía ser de otra forma en el Círculo de Empresarios, el tema de las pensiones. Es quizá uno de los grandes asuntos pendientes, no sólo en España, sino también en Europa y Estados Unidos. Probablemente, la mejor prueba de ello es que la primera medida que ha tomado el Presidente Bush tras ser reelegido, haya sido la de anunciar una reforma en profundidad del sistema, con una privatización parcial del sistema de pensiones. De nuevo Estados Unidos se adelanta a la Unión Europea en un tema estratégico de capital importancia económica y social.
Y voy a hacer de entrada una afirmación que puede resultar sorprendente, y es que el problema del sistema que tenemos no es fundamentalmente el de su falta de sostenibilidad a medio o largo plazo. El problema financiero existe, y es serio, pero no va a estallar pasado mañana.
Tenemos en España hoy, como ustedes saben, un sistema de reparto, que quiere decir que las pensiones de hoy se pagan con los ingresos por cotizaciones de hoy. Se trata pues de una simple transferencia de fondos de los cotizantes de hoy a los actuales pensionistas. Parecería por tanto que, mientras haya suficientes cotizantes, que, además, paguen suficientes cotizaciones, no hay problemas; pero los hay y graves, ya que el importe a percibir como pensión es incierto y el sistema está descapitalizado.
Insisto de nuevo en que el problema fundamental del actual sistema de reparto no es su inviabilidad. Un sistema de reparto, por definición, no puede quebrar nunca, ya que, o bien se elevan los impuestos, cosa que se ha hecho de facto al separar las fuentes de financiación y transferir la sanitaria a los Presupuestos Generales del Estado, o bien se eleva la edad de jubilación o el periodo de cálculo de las pensiones, con lo cual se reduce la cuantía de la pensión a percibir, o se pone un tope a la pensión máxima que puede percibirse, o bien todas las cosas a la vez … que todo se andará.
El verdadero problema tiene que ver más con la eficiencia, con la rentabilidad, con la justicia y con el ejercicio de las libertades individuales. La reforma genera tales beneficios que, incluso si el sistema de reparto fuera financieramente viable, la reforma sería necesaria y, sobre todo, supondría una clara mejora para el trabajador y para la economía en general.
Nos parece conveniente volver a plantear la transición paulatina a un sistema mixto de seguridad social pública de tres pilares, como defiende el Banco Mundial y modestamente, hasta ahora con poco éxito, el Círculo de Empresarios.
Un primer pilar, obligatorio, con cargo a los Presupuestos, que cubra y garantice las pensiones no contributivas y asistenciales y los complementos a mínimos.
Otro, también obligatorio, de gestión privada, supervisado por el Estado, en el que se asigne, contra el 28% actual, el 13% de la nómina de cada trabajador a unas cuentas de ahorro individuales, controladas de forma personal por los trabajadores, como puede hacerse con una libreta de ahorro.
Existiría un tercer pilar, éste voluntario y, hasta un cierto límite exento de impuestos, donde cada persona, en función de sus preferencias, aportaría las cantidades que quisiera.
El coste de esta transición, a largo plazo, y su viabilidad quedó demostrada en nuestro estudio de hace cuatro años.
Nos parece en primer lugar que el sistema de ahorro individual es más rentable, con la ventaja que eso conlleva, en un país con una escasa tasa de ahorro como es España.
En segundo lugar, el sistema de ahorro individual no es sólo más rentable sino que es más justo. Dentro del sistema de reparto, se dan situaciones asimétricas que perjudican a los miembros del sistema que más han aportado al sostenimiento del mismo.
En tercer lugar, el sistema de ahorro individual o de capitalización refleja una mayor solidaridad intergeneracional, al no trasladar a generaciones futuras poco numerosas, el mantenimiento, durante un período de tiempo cada vez más largo, de una población mayor de 65 años, creciente, y con un nivel de riqueza por término medio más elevado que el de las generaciones jóvenes.
En cuarto lugar, se despolitiza el sistema de las pensiones, que ya no dependerá ni de decisiones legislativas ni de favores políticos, y dejará de convertirse el tema en una lucha por la captación de votos en el ámbito electoral. Esto implica, asimismo, un importante traspaso de poder desde el Estado a la sociedad civil, con los efectos positivos que trae consigo.
En quinto lugar, cada persona cobrará la pensión en función de lo que ha aportado durante su vida laboral, por lo que aquellas personas más ahorradoras disfrutarán, en el momento de su jubilación, de un nivel de vida mayor que aquellas que han decidido ser más consumistas.
En definitiva, con el sistema de ahorro individual, la decisión de jubilarse se convierte en una decisión asumida, libre y soberanamente por la persona, que podrá hacerlo cuando quiera en función de lo acumulado. Es decir, se incentiva la libertad individual y la responsabilidad personal.
Por si no fueran pocos los beneficios citados, hay que añadir que una rebaja de las cotizaciones sociales traería consigo una disminución de los costes empresariales, un aumento de los salarios percibidos por los trabajadores y un aumento del empleo, lo que induciría a un crecimiento del consumo, del ahorro, de la creación de empresas, del crecimiento económico y, en consecuencia, un nuevo aumento de la recaudación impositiva y de los ingresos de la Seguridad Social.
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La segunda reforma estructural a la que querría referirme es la del mercado de trabajo. En los últimos diez años hemos visto en España un crecimiento espectacular del empleo. En algunos de ellos se ha creado más empleo en España que en el conjunto de todos los demás países de la Unión Europea. Ningún otro país europeo -quizás con la excepción de Irlanda- ha visto crecer su empleo en más de un tercio en estos ocho o diez años.
Y sin embargo, España es el país europeo con la tasa de paro más alta. También, y con gran diferencia, el que tiene una tasa de temporalidad más elevada. Figura también entre los más rezagados en cuanto a la tasa de empleo femenino, que es en España sólo del 44% frente al 60% de la Unión Europea o el 70% de Estados Unidos, y muestra además en ciertas áreas geográficas -en Andalucía y Extremadura en particular- alguna de las tasas regionales de paro más altas de la Unión Europea de 15 Estados, es decir de la de antes de la última ampliación.
Hay algo en nuestra regulación del mercado de trabajo, en el funcionamiento de las instituciones que rigen ese mercado, que impide que los incrementos en el nivel de empleo beneficien en especial al grupo con menor tasa de actividad -las mujeres-. Hay algo que dificulta que los crecimientos en el empleo se encaucen mediante contratos fijos, y provoca que persista una alta tasa de temporalidad. Hay algo que contribuye a dilatar las situaciones de paro y mantiene elevada su tasa en nuestro país. Hay algo, además, que contribuye a que este efecto sea mucho más intenso en unas Autonomías que en otras. Y hay algo, por fin, que consolida las posiciones adquiridas de los empleados y dificulta la integración, en condiciones similares, de los nuevos entrantes.
Unos pocos factores explican, en mi opinión, gran parte de esos efectos.
Comencemos por la temporalidad. La principal razón de la alta tasa de temporalidad se encuentra, a mi modo de ver, en la desigualdad de las condiciones de terminación de los contratos según la modalidad de contratación empleada. Por decirlo de una forma simplificada, las condiciones de terminación de los contratos indefinidos son rígidas y costosas, mientras que las de la amplia gama de contratos “temporales”, son mucho más variadas y flexibles y mucho menos costosas.
Cuando una empresa se plantea contratar a un nuevo empleado, este es un factor que pesa mucho y contribuye a que una nueva relación laboral pase habitualmente por una etapa inicial basada en la contratación temporal. Así, la finalidad de la contratación temporal que, en principio, debería sobre todo servir de cauce para trabajos de índole temporal, ha quedado desvirtuada, pues ha terminado por convertirse en una etapa de paso casi obligado, para quienes se integran o reintegran al mercado de trabajo.
Es también un factor que puede pesar a la hora de decidir un despido. Si, por la situación de una empresa, se hicieran necesarios unos despidos, aunque el empresario pudiera pensar que debería prescindir de un trabajador con contrato fijo, el elevado coste de hacerlo puede llevarle a prescindir en su lugar de un contratado temporal, aunque éste venga trabajando mejor y más productivamente que el fijo.
En relación a este asunto, no quiero dejar de mencionar dos puntos:
- El primero es que, aunque la mayoría de las contrataciones temporales terminan por convertirse en fijas -por eso crece el empleo fijo tanto como el temporal, lo que impide que la tasa de temporalidad continúe elevándose aún más-, lo cierto es que casi todas las contrataciones se inician con una figura temporal. Dicho aún más claramente: sin la contratación temporal -cuyo fomento se produjo, por cierto, por el Gobierno Socialista en su anterior etapa- apenas habría aumentado el empleo fijo a una fracción del ritmo en que lo ha hecho. Con sólo la contratación fija, en sus condiciones actuales, habría sido imposible que creciera el empleo.
- El segundo punto es que, contrariamente a lo que muchos opinan, el empresario no prefiere la contratación temporal. Prefiere la fija, y la prefiere porque es más productiva y le permite invertir en la formación del trabajador y acumular capital humano en la empresa. Ello es cierto en todos los sectores, pero especialmente en el sector servicios, donde el capital de una empresa tiende a ser en gran medida capital humano. Y no olviden que España figura entre los países donde es mayor el peso del sector servicios en su Producto Interior Bruto.
Pasemos a la alta tasa de paro. ¿Piensan ustedes que una prestación de desempleo no muy inferior al último salario percibido, que puede ser bastante larga, con pocos incentivos a la búsqueda activa de empleo, y con un control bastante deficiente, puede contribuir a elevar la tasa de paro?
Yo también.
¿Piensan que el hecho de que Andalucía y Extremadura muestren tasas de paro muy superiores a las de otras Comunidades Autónomas, no tiene nada que ver con el antiguo PER, aunque este haya sido reformado hace 2 años?
Yo tampoco.
La desaparición de este programa de renta agraria, en su actual diseño, supondría una reforma estructural de primera magnitud. Se trata de un esquema que se concibió, originalmente, para aliviar la recurrente situación de paro de numerosos trabajadores temporeros del agro de dos Comunidades: Andalucía y Extremadura.
El efecto perseguido se obtuvo, pero además se han derivado otros, aparentemente no buscados y, desde luego, menos deseables: el número de beneficiarios ha crecido año tras año, lo cual, además de aumentar el coste de un instrumento en el que el control no es estricto, por decirlo suavemente, ha tenido por efecto fijar en la temporalidad y en el subsidio a una población que podría estar empleada en otros sectores o lugares, o incluso en el propio sector agrario andaluz y extremeño. También ha reducido la movilidad geográfica, lo que explica una parte de las diferencias en la tasa de paro que pueden observarse entre distintas Autonomías de España. Mientras hace un año la tasa de desempleo en Andalucía y en Extremadura era de alrededor del 20%, en Navarra era del 5%, y en La Rioja, Madrid y Aragón del 7% aproximadamente.
¿Y por qué las mujeres tienen mayores tasas de paro y menores tasas de actividad? Creo que hay numerosos factores en juego, pero uno de ellos es, sin duda, la rigidez de nuestros sistemas de contratación y de negociación colectiva, controlados por Patronal y Sindicatos, y que, en sustancia, no ha cambiado casi nada en la democracia. Unos mecanismos tan cerrados, tan inflexibles, tan férreamente controlados y tan invariables, constituyen un poderoso freno a todo cambio. Benefician y protegen a quienes ya tienen empleo fijo, frente a los nuevos entrantes, parados o no, y esto, que explica la resistencia sindical al cambio, explica también que los colectivos peor representados entre los trabajadores establecidos -las mujeres, los jóvenes-, encuentren dificultades, de sus propios compañeros en primer lugar, para equipararse a ellos.
Mientras en la eurozona el porcentaje de empleo a tiempo parcial es del 15%, en España no llega al 8,5%. El mismo dato es del 23% para el Reino Unido y del 33% para Holanda. Y esto afecta especialmente al empleo femenino y al juvenil, lo que quiere decir que algo está fallando en el sistema, algo que frena el incremento deseable de la contratación a tiempo parcial, a no confundir con empleo temporal, y mucho menos con empleo precario.
La reforma de la Negociación Colectiva por tanto, constituiría también otra reforma estructural de gran calado. Los mecanismos de negociación colectiva y el predominio de la negociación sectorial, tienden a reforzar la rigidez y a elevar el coste salarial.
En una negociación descentralizada, las condiciones laborales y salariales se plasman en convenios de empresa, que deben dejar margen a los contratos individuales pactados por el empresario y el trabajador. En este modelo, los salarios tienden a alinearse con la productividad, ya que los sindicatos son conscientes de que un salario excesivo destruiría puestos de trabajo.
Un último elemento de rigidez que introduce el actual sistema de negociación colectiva, es que los convenios colectivos se prorrogan de manera forzosa a su vencimiento, si no existe pacto en contrario o la denuncia expresa de las partes, circunstancia que se conoce como “ultraactividad”. El contenido normativo del convenio (salarios, jornada laboral, etc.), permanece vigente hasta que se firme uno nuevo, lo que implica que los sindicatos no se muestran proclives a aceptar contratos menos generosos que los anteriores, y sí en cambio a alargar las negociaciones, con adelantos a cuenta, pues nada pierden. La ultraactividad desnaturaliza la esencia misma de la negociación.
La reforma de 1994 intentó corregir parcialmente este problema, permitiendo que las empresas con dificultades financieras pudiesen descolgarse de los pactos sectoriales, con el acuerdo de los trabajadores, si éstos les resultaban muy onerosos. Sin embargo, la necesidad de contar con el visto bueno de los sindicatos hizo que esa posibilidad tuviera poco éxito. Sería, en consecuencia, deseable que se cambiase el dato subjetivo del acuerdo, por el objetivo de la situación real y constatable de la empresa.
Otro tema de una gran trascendencia es el relativo a la modificación de las condiciones de trabajo. El actual artículo 41 del estatuto de los trabajadores tuvo una reforma muy positiva también en el año 1994, pero requiere profundizar en ella puesto que, por decirlo con símiles médicos, es preferible la operación quirúrgica -que desde luego es dolorosa- al fallecimiento del paciente. Muchas empresas se hubieran salvado si hubiera existido un marco legal adecuado y una disposición negociadora en materia de polivalencia, de flexibilidad en los salarios y en la jornada. En los momentos actuales, con la siempre preocupante amenaza de la deslocalización de las empresas, el tema adquiere una mayor actualidad y el ejemplo de Alemania no hay que echarlo en saco roto.
En el ámbito de las políticas activas de empleo, es preciso llamar la atención sobre el deficiente nivel de formación profesional que existe en España, que ha sido sin duda una de las claves de la enorme prosperidad de Irlanda en los últimos diez años. Este fenómeno tiene mucho que ver con esa cultura de “titulitis” que existe en nuestro país, y que lleva a que sólo el 37% de los estudiantes de secundaria opten por cursar estudios de formación profesional reglada, mientras en la Unión Europea dicho porcentaje es del 57%.
Finalmente, quiero recalcar que las políticas de empleo y de productividad no son sustitutivas o alternativas entre sí como algunos afirman. El caso de Estados Unidos es paradigmático. En efecto, un mayor crecimiento de la productividad reduce los costes laborales unitarios y, por lo tanto, aumenta la competitividad y fomenta el crecimiento de nuestras empresas, lo que a su vez supone un aumento de las contrataciones laborales. Si esto no ocurre, como en España y en Europa en general, es porque existen fuertes rigideces en sus mercados laborales que aumentan el coste del factor trabajo, y dificulta por tanto el incremento del empleo. Es decir, el aumento conjunto de empleo y productividad debe venir acompañado de reformas laborales, y de una decidida inversión de las empresas en innovación y tecnología.
En resumen, en el Círculo de Empresarios venimos propugnando desde hace tiempo que:
- debe disminuir el coste de las indemnizaciones por despido de trabajadores fijos, hasta equipararse a la media europea, respetando, por supuesto, los derechos adquiridos, y flexibilizando los procesos de terminación.
- deben incentivarse los contratos a tiempo parcial para que funcionen en la práctica.
- debe estudiarse una reforma del empleo subvencionado en el campo, para primar las políticas activas más que las pasivas y
- debe descentralizarse la negociación colectiva y suprimirse la “ultraactividad”
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La tercera reforma, la reforma fiscal, es también otra de las reformas estructurales que el Círculo ha venido defendiendo desde hace tiempo y que, poco a poco, va calando en la sociedad. Sin embargo, nos encontramos aquí con un problema de cultura, y con la permanencia de esa paleolítica tesis de la lucha de clases, empeñada en considerar a los “llamados ricos” como responsables de la pobreza, y a presentar la igualdad de resultados económicos como un objetivo a alcanzar mediante políticas redistributivas, que básicamente desincentivan el ahorro, el esfuerzo, y la iniciativa personal, frenan el crecimiento económico y, sobre todo, frenan la movilidad vertical de las personas, propia de una sociedad abierta y dinámica. No nos engañemos, las ideas y las políticas que se aplican tienen muchas veces consecuencias no buscadas, y el caso de la política fiscal es claro en este sentido.
Tenemos un sistema fiscal que sigue siendo, en lo fundamental, el que se creó en los años 70. No era, en su origen, un sistema tan malo que se hiciese necesario reformarlo urgentemente, pero han pasado ya casi treinta años, en los que nuestro país ha cambiado radicalmente, y en los que apenas se han adoptado cambios fiscales de sustancia.
Entre los observadores que pudiéramos calificar de desapasionados, entre los que creo que me encuentro, es bastante unánime la impresión de que las Comunidades Autónomas gastan con más alegría y menos control que la Administración Central, de que su compromiso con el equilibrio presupuestario es en general más débil, sin que ello conlleve en gran medida la necesaria corresponsabilidad fiscal.
Es decir, que esa parte del aumento que supera lo verdaderamente relacionado con la construcción de un Estado de las Autonomías, ha aumentado innecesariamente el gasto público, y con él la presión fiscal. La proliferación, por ejemplo, de normativas autonómicas superfluas, que en algunos casos difieren de las de las restantes Comunidades Autónomas simplemente por el ánimo de diferir, son fuente de una cierta inseguridad jurídica, han aumentado el grado de regulación burocrática de la actividad económica, e incluso amenazan, cuando no consuman, la ruptura de la unidad de mercado. Y nada de eso es bueno ni contribuye a generar un clima adecuado para la inversión, el crecimiento y el bienestar económicos.
Dotar de plena responsabilidad fiscal a las Comunidades Autónomas, para que sean ellas, y no el socorrido “Madrid”, quienes sufran el coste político del mayor gasto que están en su derecho de incurrir si lo pagasen, me parece una medida esencial para frenar el descontrol y el posible despilfarro.
Ejemplo de lo que decía antes, respecto a los pocos cambios en el lado impositivo y los muchos que ha habido en el destinatario final de esos ingresos, es la supervivencia hasta nuestros días del Impuesto Extraordinario sobre el Patrimonio. Se llama impuesto Extraordinario porque se creó con ese carácter en una situación especial. Pretender casi 30 años después que durante todo este tiempo han persistido, y aún persisten, esas circunstancias extraordinarias es absurdo. Es, además, un impuesto técnicamente poco presentable, pues se acumula al IRPF, de forma que la tributación conjunta por ambos puede llegar a representar el 70% de la renta.
Otro impuesto absurdo, sobre todo por los muchos problemas que crea y lo poco que recauda, es el Impuesto de Sucesiones. Pero, en este caso, lo que se ha transferido a las Comunidades Autónomas no es la recaudación, sino la potestad legislativa sobre este impuesto. Esta deseable responsabilidad fiscal ha dado lugar a una sana competencia fiscal entre las Autonomías, y a la también muy sana desaparición de este impuesto en varias de ellas. Ojalá aquellas Comunidades Autónomas en que aún persiste sigan el camino abierto por las pioneras de la desaparición.
Desde el punto de vista económico, el impuesto de sucesiones, en especial uno tan alto como el actualmente existente, supone un evidente desincentivo para que personas de edad relativamente avanzada continúen aportando valor a la sociedad. En cualquier caso, el mayor perjuicio es para la sociedad, y en especial para amplias capas de asalariados que luchan por acumular un patrimonio de riqueza transmisible a sus familias.
En el Impuesto de Sociedades nos enfrentamos también, de momento con muy mal resultado, a la competencia fiscal. No tanto a la de unas Comunidades Autónomas respecto a otras, sino en relación a otros países y en relación, sobre todo, a nuestros socios de la Unión Europea. Uno de ellos, Irlanda, tomó hace unos años la decisión de reducirlo drásticamente hasta el 12,5%, y el resultado obtenido ha sido espectacular: Irlanda, que hace diez años estaba en niveles de renta per cápita algo inferiores a los españoles, goza ahora por esta y otras razones de la segunda mayor renta per cápita comunitaria. Y esa competencia fiscal es algo sumamente beneficioso, y que hay que defender en este ámbito más bien intervencionista de la Unión Europea. Los nuevos miembros así lo entienden y por ejemplo el impuesto de sociedades es del 0% en Estonia y del 19% en Polonia, país muy similar a nosotros en muchos aspectos. La comparación con nuestro 35% no merece mucha explicación.
Muchos piensan que la deslocalización es cosa de productividades medias-altas y salarios bajos, pero la realidad es que unas instituciones sólidas y serias, unas regulaciones sensatas, sin intromisiones innecesarias, y unos impuestos bajos son factores muchísimo más importantes que unos salarios mayores o menores. Es mucho mejor atraer inversiones como lo han hecho en Irlanda, bajando los impuestos, y dejando que las inversiones elevaran la productividad, los salarios reales y la renta per cápita. Yo quiero recordar que Irlanda, que ahora ponemos como modelo de muchos casos, entró en la Unión Europea en 1973 pero no despegó, por así decirlo, hasta 20 años más tarde, cuando pusieron en práctica reformas como algunas de las que aquí se abordan hoy.
Por tanto, la reducción del impuesto sobre sociedades repercutiría, de forma determinante, en el crecimiento de las empresas españolas y las capacitaría para competir mejor en un mundo global, en el que la fortaleza financiera es clave para la expansión internacional.
Muy parecido es el caso de la fiscalidad del ahorro. En efecto, todos los estudios empíricos demuestran que la imposición sobre las ganancias de capital o sobre el ahorro, en un mundo abierto y global, es contraproducente para el crecimiento económico y el empleo, además de injusta por lo que supone de doble imposición. Es evidente que el ahorro tenderá a ir hacia donde fiscalmente sea bien tratado, y tenderá a rehuir aquellos lugares en que se le maltrata. La moraleja no puede ser más clara: empeorar el trato fiscal del ahorro, no es una buena idea.
Más dañino aún es empeorar el trato fiscal del ahorro a largo plazo, del ahorro previsión, es decir de aquel destinado a cubrirnos de una contingencia que nos va a ocurrir a todos con toda seguridad, como es la jubilación, -si antes no nos sucede algo peor. Es buena idea que los instrumentos -a largo plazo, poco o nada líquidos- en que se plasme dicho ahorro previsión, reciban todos ellos igual trato fiscal, pero es muy mala idea que este trato sea peor aún que el actual, o que se empeore el trato, ya de por sí no muy bueno, de uno de ellos, como son los planes de pensiones.
El ahorro, y aún más el ahorro previsión, no debe castigarse sino premiarse. Si se castiga ocurrirán dos cosas: disminuirá ese ahorro, y se deslocalizará, y no acierto a ver razón alguna por la que debiéramos ponernos esos resultados como objetivo. Si disminuye el ahorro previsión, habrá más personas que dependan para su subsistencia del Estado, algo que es malo para la precaria estabilidad de nuestro sistema de pensiones.
Las rentas procedentes del ahorro ya han tributado por IRPF cuando se obtuvieron los fondos invertidos en primer lugar. De hecho, en el sistema actual tributan no dos, sino cinco veces. Tributan por IVA mientras se generan; tributan por IRPF o Sociedades al obtenerse; tributan por rendimientos, dividendos o plusvalías, cuando se realizan o resultan imputados; tributan anualmente por el impuesto sobre el patrimonio, y tributan por transmisiones y Actos Jurídicos Documentados cada vez que se transmiten, y por sucesiones cuando se transmiten por última vez. Por si fuera poco, algunas materializaciones del ahorro dan lugar a la imputación de rentas inexistentes, pero que tributan. Proponemos la supresión de la fiscalidad sobre dividendos y ganancias de capital, o reducir al menos sustancialmente su tributación.
Y dejo para el final el impuesto que más recauda, que es el IRPF. En el Círculo de Empresarios vemos con simpatía la propuesta del tipo único, relativamente bajo (20-25%), con un mínimo exento relativamente elevado. No somos fundamentalistas del tipo único, pero un impuesto de tipo único es mucho más simple, y la simplicidad es uno de los principales requisitos de un impuesto bien diseñado.
Está ya muy demostrado que la subida del mínimo exento en el IRPF incentiva el consumo, mientras que la bajada del tipo máximo incentiva la inversión y el ahorro. Pretender a estas alturas que aumentar los tipos máximos es una medida social, no deja de ser una barbaridad económica, ya que con ello no sólo se frena el ahorro sino que se frena la capacidad de acumulación de capital, semilla de las iniciativas empresariales de futuro y por ello, de nuevo, del crecimiento económico y del empleo.
El tipo único, sin provocar la quiebra del Estado, debería ser lo más bajo posible. Hay que insistir en que el tipo óptimo de IRPF para la economía no es el que más recauda, sino el que mayor crecimiento económico permite. Ese crecimiento conlleva un incremento de la base tributaria y, por ello, mayores ingresos, lo que a su vez permitiría sufragar, si se desea, un mayor gasto público que contribuya a la igualdad de oportunidades.
De acuerdo con la curva de Laffer, a partir de cierto nivel, cuanto más bajo es el tipo impositivo, mayor es la recaudación, o, mejor dicho, bajar tipos impositivos incrementa la recaudación, a veces, pero sólo a veces, tras un breve período de signo contrario. Aumenta fundamentalmente porque cuanto menor es el tipo impositivo, menor es el incentivo a eludir el impuesto, con lo que actividades previamente sumergidas en la opacidad fiscal, emergen a la luz, incluida la de la Agencia Tributaria… o las agencias tributarias, porque también esta criatura parece destinada a multiplicarse.
No les quepa duda de que una parte, no enorme, ciertamente, pero tampoco insignificante, del aumento del empleo en estos años se debe a la emergencia de empleos previamente sumergidos. También, una parte, probablemente nada despreciable, del incremento en el número de cotizantes a la Seguridad Social se debe a lo mismo, especialmente en lo referente a inmigrantes.
En todo ello, que es bueno, hay que otorgarle una parte importante de la responsabilidad a las rebajas de tipos y a la reducción de tramos que, más tímidamente de lo que quisiéramos, se inició en las dos legislaturas pasadas. Animamos al Gobierno a que continúe, e incluso intensifique esa tendencia.
En definitiva, el sistema fiscal debe concebirse en una economía moderna como instrumento de promoción del crecimiento económico, de la creación y crecimiento de las empresas, y de la acumulación de riqueza, una vez cubiertas las necesidades básicas de toda la sociedad. Por ello no estaría de más abandonar posiciones demagógicas, condenatorias a priori de propuestas, como las del “tipo único con elevado mínimo exento”, o de evitar análisis dinámicos que se olvidan de que el impulso al crecimiento, que se deriva de una reducción de impuestos, suele compensar sobradamente la teórica disminución de ingresos que puede producirse a corto plazo con la bajada de los tipos impositivos. El comportamiento de los ingresos fiscales que ocurrió con los gobiernos de Kennedy o Reagan en Estados Unidos, o el de Aznar en España, son buenos ejemplos de ello.
La cuarta, pero no por ello menos importante, reforma estructural que voy a abordar es la del suelo y la vivienda.
Paso pues a tratar el llamado “problema de la vivienda”, que se considera como tal por los altos precios que está alcanzando. Desde luego si el análisis se limita a comparar precios de hace unos años con precios actuales, es evidente que la vivienda ha subido de precio de forma espectacular. Pero ante un auditorio de la calidad del que me acompaña hoy, debo hacer un análisis lógicamente más profundo. El nivel de precios es alto o bajo en función de la capacidad adquisitiva, medida por el índice de accesibilidad a la vivienda, que refleja la capacidad que tienen familias e individuos para acceder a ella.
A lo largo de estos últimos años, el número de ocupados por unidad familiar ha pasado de ser de 1,2 en 1987 a 1,45 en 2003, lo que se ha reflejado en que el salario medio ponderado por hogar ha pasado de 10.500 € en el año 1987, a 27.000 en el presente año. Se gana más dinero y hay más personas que ganan más en cada hogar. Por su parte, los tipos de interés reales han ido disminuyendo desde el 8% aproximadamente en 1987, al 1,1% en 2003. Por su parte, los plazos de amortización de hipotecas que eran de 10 años en 1987, hoy día, son de 20 o más años. En 1982 por propia experiencia les diré que una hipoteca conllevaba un tipo de interés del 18%.
Estos hechos se reflejan en que la llamada “cuota neta fiscal”, que es el porcentaje de salario que se destina a pagar la hipoteca, ha pasado de representar el 50% del salario por hogar en 1990, al 22% en 2003.
Es decir, la capacidad de compra de una vivienda en estos últimos años ha mejorado sustancialmente a pesar del alza de los precios. La prueba de ello es que el 82% de las familias españolas posee una vivienda en propiedad. Y entiéndanme, no voy diciendo por ahí que los pisos son baratos, porque no lo son, pero hay que poner los precios en su contexto.
Prosiguiendo con el análisis de este tema, es preciso subrayar que en los precios existen factores coyunturales de demanda que se unen a otros factores estructurales que ya venían operando en el mercado.
Entre los primeros cabe destacar, además de los ya mencionados como el descenso de los tipos de interés reales, el fuerte incremento en el nivel de empleo, el aumento del número de hogares con dos o más perceptores de salarios, factores otros como el aumento de la adquisición de inmuebles por parte de no residentes impulsada, por ejemplo, por la desaparición del riesgo de cambio, el impulso, que para la demanda de viviendas ha supuesto el fuerte incremento de la población inmigrante, el aumento del número de hogares debido al aumento de divorcios; la caída de cotizaciones y el incremento de la volatilidad de los mercados de valores, etc.
Todos estos factores se han visto reforzados por unas políticas que han incentivado la compra de vivienda a través de las desgravaciones fiscales existentes. Por un principio elemental de economía, cualquier incentivo que se dé a la demanda de un bien hará que el precio de éste suba en el mercado, mientras cualquier incentivo a la oferta hará que disminuya.
Pues bien, como consecuencia de esta explosión de demanda, el número de viviendas iniciadas cada año ha pasado de poco más de 200.000 en los años más bajos, a las cerca de 700.000 viviendas en el año 2003. Ello ha presionado sobre un mercado del suelo fuertemente restringido, cuyo precio se ha triplicado en el período, dado que su disponibilidad está racionada por unos ayuntamientos, cuya fuente principal de ingresos proviene de ese racionamiento, y por la extremada lentitud administrativa de los procesos de urbanización.
Entre los factores estructurales cabe destacar la continuidad de unas políticas que fomentan la demanda inmobiliaria y restringen la oferta. Desde los poderes públicos la demanda se impulsa a través de un buen número de mecanismos, entre los que cabe destacar los impedimentos de orden legal, administrativo y judicial al desarrollo de un mercado de alquileres, la discriminación fiscal a favor de la compra y en contra del alquiler, que refuerzan el efecto anterior, y una política de vivienda social en propiedad que, al suponer un regalo patrimonial, genera demanda, atraída por ese regalo, donde pudiera no haberla.
Unas políticas que impulsan la demanda y restringen la oferta solamente pueden tener una consecuencia sobre el mercado inmobiliario: conducen a la explosión de los precios en cuanto, desde el lado de la demanda, se observa alguna reanimación.
El hecho es que la escasez de viviendas hace años que dejó de ser un problema. Se inician en España cada año, más viviendas que en Francia y Alemania juntas, pese a que dichos países suman una población que triplica la española y tienen una dimensión media de los hogares inferior a la nuestra. Hoy no existe un problema de dotación de viviendas. De hecho, se estiman en unos tres millones las viviendas no ocupadas, susceptibles de ser utilizadas como primera residencia, que no salen al mercado de alquileres, debido a la falta de seguridad jurídica y a las trabas que opone la Ley de Arrendamientos Urbanos.
Hoy, lo que se manifiesta es una inadecuación entre las viviendas existentes y los deseos y posibilidades de los demandantes de vivienda, inadecuación que se deriva del extraordinario grado de intervención pública. Es decir, la escasez de viviendas adecuadas y asequibles para amplias y diversas capas de la población, coexiste con la abundancia de viviendas y la existencia de millones de viviendas desocupadas.
Las políticas relacionadas con la vivienda son, por lo tanto, uno de los grandes fracasos de la democracia, seguramente porque se mantienen inalterados desde hace 30 años la misma sustancia, el mismo enfoque, la misma filosofía, los mismos objetivos declarados y el mismo grado extremo de intervencionismo público, a pesar de los intensos cambios experimentados por la sociedad española y por su estructura y dotación inmobiliarias.
Son necesarias por tanto nuevas políticas orientadas al futuro, que deben centrarse en tres grandes aspectos: el restablecimiento del mercado de alquileres, como forma de satisfacer necesidades habitacionales sin presionar la demanda de vivienda nueva; la liberalización del suelo, para restablecer los derechos de los propietarios, eliminar la especulación y abaratar decisivamente el suelo; y una política de vivienda social de alquiler, orientada a satisfacer las necesidades de los sectores más desfavorecidos.
En primer lugar, por lo tanto, es necesario restablecer un mercado de alquileres en la línea del que implantó en su día el “decreto Boyer” de mediados del año 1989. En este sentido, no hay que inventar nada nuevo sino restablecer la libertad de pacto entre arrendadores y arrendatarios, eliminando plazos mínimos de alquiler, suprimiendo la renovación obligatoria por sólo una de las partes, o suprimiendo las restricciones existentes a fianzas y avales.
Si existen tres millones de viviendas sin ocupar que no salen al mercado de alquileres, no es porque los propietarios en muchos casos no las querrían alquilar. Lo que existe es falta de seguridad jurídica, tanto en las restricciones mencionadas de la ley de arrendamientos, como en los procesos de cobro de alquileres, atrasos, o destrozos. Para alquilar, los inquilinos deben pagar una prima de riesgo que eleva el alquiler por encima de lo razonable, y cuando los intereses reales son bajos, como ahora, pueden superar las cuotas hipotecarias de una vivienda similar. Es de cajón que quien se plantea la necesidad de una vivienda en estas circunstancias, opta por la compra frente al alquiler.
Del mismo modo, debe existir una justicia rápida que penalice, de forma efectiva, los incumplimientos de los contratos. Probablemente hagan falta más medios en los juzgados, e incentivar o respaldar los sistemas de arbitraje.
En segundo lugar, es necesario liberalizar y excluir radicalmente la utilización de restricciones a la oferta de suelo. Todo suelo debe considerarse urbanizable respetando los derechos de propiedad de sus legítimos propietarios, salvo que, explícita y motivadamente, así se indique por razones ecológicas, culturales o sociales bien definidas.
Las regulaciones deben limitarse a establecer un marco de actuación, unas exigencias urbanísticas y unas reglas del juego universales y claras sobre densidades, alturas, conexiones a vías y redes públicas no sujetas a la arbitrariedad política, con las que puedan operar los agentes económicos, protegiendo y reforzando, además, los derechos de propiedad de éstos. Estas normas no pueden ser retroactivas, por lo que todos aquellos terrenos que dispongan ahora de una regulación más generosa en volúmenes, etc., la conservarían. Así, de la conversión de suelo urbanizable en suelo urbano se encargarían, por su cuenta y riesgo, los agentes económicos.
Finalmente, consideramos que es preciso poner en práctica una política de vivienda social en alquiler, que conllevaría la desaparición de la actual política de VPO´s y que sería la que facilitaría, a los sectores sociales más desfavorecidos, la garantía de disfrutar de ese bien de primera necesidad.
He apuntado sólo algunas de las reformas que en nuestra opinión son necesarias, porque otras relacionadas con la inmigración o con el Estado de las Autonomías tienen un carácter más político, aunque sin duda influyen y mucho en el ámbito económico.
Termino ya, señoras y señores, con un breve apunte, que sí constituiría una reforma estructural de importancia decisiva para el futuro de la economía y de la sociedad españolas. Se trata de la reforma de los contenidos educativos, todavía presentes en nuestros libros de texto, en los que siguen estando permanentemente denigrados los conceptos de empresa, economía de mercado, capitalismo democrático, etc. Así, por ejemplo, les sorprenderá a ustedes saber que una enciclopedia de amplia difusión recoge afirmaciones como que el capitalismo “ha sumido en la miseria a una gran parte de la humanidad”, o que “uno de los elementos que sustenta el auge de Estados Unidos es la explotación de los trabajadores”.
Mientras no se produzca un cambio de mentalidad, nuestro sistema educativo seguirá deformando las mentes de nuestros hijos y nietos, en lugar de constituir la base de la formación y la asimilación de valores empresariales en nuestra sociedad. Es necesario que conceptos como riesgo, innovación, iniciativa, responsabilidad individual, esfuerzo, respeto mutuo, o libertad, todos ellos valores básicos de la sociedad empresarial, que es la responsable del crecimiento económico a través del incremento de la productividad y de la creación de empleo, sean asumidos por los futuros líderes y trabajadores. En caso contrario, las reformas estructurales que pedimos, no encontrarán el caldo de cultivo apropiado para crecer y desarrollarse.
En todo caso, si se acometen por lo menos algunas de las reformas que he citado, creo que nuestra economía y nuestro bienestar se incrementará.
No quiero dejar una impresión de pesimismo o desánimo pero el título de la ponencia era las reformas pendientes, y no las que están ya funcionando y bien, que han llevado a nuestro país a las altas cotas de bienestar en que se encuentra.
Desde el Círculo de Empresarios estamos a disposición de quienes pueden y deben ocuparse de estos temas, ya sean Gobierno, Partidos Políticos, Instituciones, Medios de Comunicación y, desde luego, los ciudadanos.
Muchas gracias por su atención.
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