Autor/es:
Manuel Azpilicueta Ferrer
Ponente/es:
Manuel Azpilicueta Ferrer
Lugar:
Decimoquinta Mesa Redonda de Economist Conferences con el Gobierno de España
Decimoquinta Mesa Redonda de Economist Conferences con el Gobierno Español
ESPAÑA Y EL SECTOR EXTERIOR: COMPETITIVIDAD, MERCADOS Y OPORTUNIDADES
Intervención de Manuel Azpilicueta, Presidente del Círculo de Empresarios
Madrid, 19 de noviembre de 2002
Sr. Presidente, Excmos. Sres. Secretarios de Estado,
Señoras y Señores,
Buenos días a todos y, una vez más, mi agradecimiento a The Economist por invitarme a participar en la que es, sin duda, una de las más importantes conferencias anuales sobre política económica que se celebran en España.
Sobre el tema que nos convoca, “España y el Sector Exterior: Competitividad, Mercados y Oportunidades” pueden decirse tantas cosas que va a ser difícil que los tres ponentes coincidamos en nuestros enfoques, lo cual será incluso positivo para ustedes. En el breve tiempo del que dispongo, voy a fijar mi atención en dos cuestiones. En primer lugar, haré un sucinto repaso histórico del proceso de internacionalización de la economía y de la empresa españolas. Y, en segundo término, repasaré tres áreas básicas en las que tenemos que seguir trabajando para que nuestras empresas desarrollen todo su potencial competitivo, de forma que puedan continuar participando, creciente y positivamente, en el imparable proceso de globalización.
Aunque sea remontarse demasiado en el tiempo, quiero empezar rememorando la época de la autarquía, hace ya más de cincuenta años, por aquello de que los pueblos tienen que conocer su historia si no quieren repetirla e incurrir en los mismos errores. Por aquel tiempo no había en España, hablando de sector exterior, ni siquiera un mercado de divisas, porque nadie tenía derecho a poseerlas. Existía un organismo, el célebre IEME, que era a la vez monopolio y monopsonio de las divisas, ya que éstas le debían ser entregadas, cualquiera que fuese su origen, y quien las necesitara debía acudir a aquel organismo a solicitarlas. Este sistema, de triste recuerdo, funcionó durante más de dos décadas, los cuarenta y los cincuenta, como si fuese una caja de caudales.
En esos años la inversión extranjera en España era prácticamente inexistente, de modo que en la caja de caudales entraban casi exclusivamente las divisas procedentes de las exportaciones de bienes y servicios. Estas tampoco eran abundantes, ya que la economía del país no producía cantidades apreciables de artículos exportables, por lo que en la caja de caudales ingresaban pocas divisas y era preciso racionarlas, para lo cual se utilizaba toda suerte de mecanismos. A falta de viajes al extranjero, que estaban muy restringidos, la práctica totalidad de las divisas que salían de la caja se destinaban a pagar las importaciones, que necesariamente había que racionar a través de contingentes, de la concesión discrecional de licencias y la utilización de tipos de cambio múltiples, tipos que normalmente eran desfavorables para la mayoría de las exportaciones, pues se entregaban pocas pesetas a cambio de las divisas que se obtenían.
El tipo de cambio único y su frecuente devaluación fueron una sofisticación que vendría más adelante. En los años cuarenta y cincuenta los flujos de entrada y salida de divisas se cuadraban a martillazos, porque teníamos entonces una economía de ordeno y mando. Y, como las exportaciones eran escasas y éstas determinaban el volumen de las importaciones, el grado de apertura exterior de la economía española era sencillamente ridículo. Como se aprecia en el cuadro que tienen ustedes delante, en 1955, por ejemplo, las exportaciones españolas de bienes y servicios no llegaban ni al 5% del PIB y la suma de importaciones y exportaciones apenas sobrepasaba el 10% del PIB. Eran, por otra parte, tiempos en que las materias primas y los alimentos sin elaborar representaban casi el 80% de nuestras exportaciones.
El Plan de Estabilización de 1959, que supuso realmente la primera transición política o el punto de apoyo de la que propició la UCD años más tarde, sentó las primeras bases de liberalización que fueron claves para la posterior y gradual internacionalización de la economía española. Pasaré muy rápido por esta etapa por ser bien conocida de todos. En ella se crearon condiciones favorables para la inversión extranjera, que comenzó a despegar con fuerza, y se desecharon por fin los tipos de cambio múltiples, declarándose la convertibilidad de la peseta. Ello liberó a las importaciones de la tiranía de tener que ajustarse a las exportaciones, sin lo cual el acelerado proceso de industrialización que registró España no habría podido producirse.
Ese proceso fue verdaderamente espectacular. En sólo cinco años las inversiones extranjeras se multiplicaron por 5, triplicándose de nuevo en los cinco años siguientes. El turismo hacia España comenzó a crecer también en flecha, igual que las remesas de los emigrantes. En 1965 (ver cuadro) la suma de importaciones y exportaciones suponía ya el 23% del PIB.
Otro cambio fundamental: las exportaciones de productos industriales y manufacturados pasaron, en seis años, a representar de un 22 a un 45% de las exportaciones totales. Ya en 1975, ese porcentaje subió hasta el 70%, mientras la suma de importaciones y exportaciones llegaba al 31% del PIB.
Este aumento impresionante de la internacionalización de la economía española protagonizada por el sector empresarial, partiendo de un marco favorable de la política económica, supuso también un aumento del grado de vulnerabilidad de nuestra economía a las crisis internacionales.
La crisis del petróleo del 73, seguida por la de finales de los setenta, representó para nuestra economía casi una década de crecimiento lento, dándose incluso marcha atrás en el proceso de internacionalización. Fueron años de estancamiento, de inflación muy superior a la de nuestros socios comerciales y, por tanto, de serios problemas de competitividad. España necesitaba nuevos impulsos liberalizadores y éstos nos llegaron de la mano de la Ley de Mercado de Capitales de 1985 y, sobre todo, la de Adhesión a las Comunidades Europeas de 1986.
A partir de ese momento, las inversiones españolas en el exterior, que no hacía tanto estaban prohibidas, reaccionaron con tal vigor que España pasó enseguida a figurar en los primeros puestos del “ranking”. Se desarrollaron las instituciones de inversión colectiva, comenzamos a recibir y enviar elevados volúmenes de inversión financiera y, a la hora del desayuno, ya no nos preocupaba el nivel de las reservas de divisas del Banco de España sino la evolución del índice Dow Jones o el Nikkei.
La suma de importaciones y exportaciones (SIE), concepto que vengo manejando hace ya un rato, es considerada un buen indicador de la integración de un país en la economía internacional o de su grado de internacionalización. Veamos cómo se ha movido ese dato desde 1984, en este nuevo cuadro. En él se observa algo que ya venía ocurriendo, que las empresas españolas exportaban más cuando la demanda interior, en la fase descendente del ciclo, crecía menos y exportaban menos cuando la demanda interna era pujante. En efecto, desde 1984 hasta 1992, la primera gran fase de crecimiento de nuestra democracia, la SIE bajó del 42,2% al 36,5%. Después, la crisis que nos llevó a la peor depresión desde 1959 hizo que la SIE subiera de nuevo a 42,2%, idéntico porcentaje al alcanzado diez años antes. Y, a partir de aquí, se produjo un punto de inflexión a mi juicio definitivo en el empresariado español. Se trata de un cambio estructural que no dudo en calificar de trascendente, ya que, por primera vez, nuestras empresas parecen darse cuenta de que el sector exterior no debe ser considerado como un residuo al que hay que acudir cuando la demanda interna va mal, sino como un mercado permanente para sus productos.
Así, desde 1992 a 2000 tiene lugar una subida de la SIE desde el 42,2% al 62,2% del PIB. Se trata de un aumento de 20 puntos, cuando en la anterior expansión se habían perdido más de cinco puntos. No es necesario añadir que este incremento espectacular de nuestra internacionalización se ha traducido en empleo y crecimiento, en progreso, modernidad y bienestar a ritmos nunca antes alcanzados, en una demostración palpable de que las libertades económicas y la apertura de mercados siempre dejan réditos positivos en las economías.
Paso ya, con este comentario, a la segunda parte de mi intervención: ¿qué hacer para que la empresa española y la economía en su conjunto sigan exhibiendo tasas crecientes de internacionalización?
Es claro que buena parte de la responsabilidad en esa tarea recae sobre las propias empresas, cuya capacidad de crecimiento y expansión reside en su habilidad para acumular beneficios y reinvertirlos en investigación y desarrollo, que es lo que determina el aumento e la productividad empresarial y, por tanto, de su competitividad. Y, cuando hablo de I+D me refiero no sólo a los aspectos tecnológicos puros, sino a los cuatro procesos de acumulación que deben producirse para que las empresas compitan y crezcan: capital humano, capital financiero, capital directivo y capital tecnológico-científico. La suma de esos cuatro elementos constituye lo que se entiende como capital empresarial. Es preciso que nuestras empresas alcancen una dimensión apropiada en esos cuatro capítulos para poder competir en un mundo globalizado donde las empresas de otros países nos llevan muchos años de ventaja.
Pero la empresa necesita también contar con un terreno de juego y unas reglas, es decir, con una política económica que le permita competir globalmente y le estimule a hacerlo. En este contexto, quiero referirme brevemente a algunos requisitos básicos para que la empresa española sea más competitiva y prosiga su expansión internacional.
En primer lugar y en el ámbito del capital empresarial, nos encontramos con un sistema educativo que no proporciona a nuestras empresas el capital humano necesario. Por un lado, en la educación secundaria y en el bachillerato se observa en general, a través de sus libros de texto, una formación “anti-empresa”, en la que valores empresariales como la asunción de riesgos, la visión de largo plazo, la globalización, la libertad o la flexibilidad se ven desplazados por otros criterios contrarios: seguridad, corto plazo, localismo, control y rigidez. Se dificulta con ello la aparición de vocaciones empresariales y se tiende todavía a promocionar una cultura funcionarial.
De igual forma, no existe en España un mercado desarrollado de capital-riesgo, fundamental para que las empresas obtengan el capital financiero imprescindible para abordar la aventura exterior. Tampoco funciona bien la conexión empresa-universidad-institutos de investigación, esencial para que el capital científico y tecnológico circule con fluidez y se incorpore al mundo de la empresa. En cambio, lo que entendemos por capital directivo, es decir, la capacitación para la dirección, sí parece estar despegando, a la vista de cómo se sitúan en los rankings internacionales nuestras instituciones de enseñanza de post-grado.
Un segundo aspecto de capital importancia en el que no suele ponerse suficiente énfasis es el sistema fiscal. Se sigue contemplando a la empresa como una fuente de recaudación de impuestos y no tanto como el motor de creación de riqueza y de empleo, que hay que impulsar. Parece que en los últimos tiempos nuestra sociedad política está empezando a aceptar la segunda concepción, reconociendo la conveniencia de suprimir el impuesto de patrimonio, sucesiones y donaciones, es decir, de incentivar la acumulación y transmisión de capital, base del crecimiento empresarial a largo plazo.
Se está aceptando igualmente la supresión del impuesto de actividades económicas, figura tributaria aberrante en sí misma porque penaliza las actividades económicas en lugar de promocionarlas. El impuesto sobre los beneficios, en los niveles actuales, supone asimismo una rémora para la actividad empresarial, ya que los beneficios distribuidos, previamente gravados, vuelven a ser objeto de tributación, en forma de dividendos, en el impuesto sobre la renta de las personas físicas.
Finalmente, es también esperanzador que vayamos abandonando, siquiera sea con lentitud, la demagogia de propugnar tipos marginales altos en el IRPF, que afectan fundamentalmente al sector más ahorrador y con más iniciativa empresarial de la población.
En tercer lugar y por último, la competitividad exige contar con mercados más libres, de productos y de factores productivos. En este terreno hemos andado una parte del camino pero nos queda todavía un trecho importante que recorrer.
Por ejemplo, se sigue manteniendo un mercado de trabajo bastante rígido, que dificultan la capacidad de adaptación de la empresa a la competencia internacional. La reciente marcha atrás de la mini-reforma laboral propugnada por el llamado “decretazo” y que en el Círculo de Empresarios nos gusta denominar “decretito”, de junio de este año, es una buena muestra de lo vulnerables que son todavía entre nosotros las ideas liberalizadoras.
Por otra parte, continuamos inmersos en una cultura de indiciar los salarios en función de la inflación, cuando éstos deberían moverse al ritmo que marca la productividad. Esto supone una grave amenaza a la competitividad empresarial.
Si el problema de los costes laborales sigue sin resolverse, lo mismo sucede con algunos de los principales factores productivos de nuestra economía, como por ejemplo la energía. En este caso la sociedad política ha cedido a la demagogia ecológica al uso y no se ha atrevido a apuntalar el futuro energético español con la energía nuclear, por lo que tenemos una de las energías más caras de Europa.
En resumen, y siento dejar muchas cosas y detalles en el tintero por falta de tiempo, algunos de los principales factores en que se basa la capacidad competitiva de nuestras empresas a largo plazo, capital empresarial, sistema fiscal, mercados flexibles y libres de productos y factores de producción, como son el trabajo y la energía, y un marco de estabilidad macroeconómica, lejos de favorecer e impulsar la expansión internacional de nuestras empresas, están actuando todavía como un freno que repercute negativamente en el gran potencial de crecimiento de la economía española.
En este contexto, está muy bien hablar de mercados y de oportunidades, como reza el título de esta ponencia, pero es hablar de lo accesorio y no de lo principal. Lo principal es que exista competitividad, es decir, capacidad de competir, y eso lo tienen que conseguir a partes iguales los empresarios y los gobiernos, éstos poniendo los cimientos en forma de una política económica correcta y coadyuvante, y aquéllos colocando encima los ladrillos. Alcanzadas las bases esenciales de la competitividad, será secundario y bien sencillo decidir cuáles son los mercados que ofrecen mejores oportunidades para que las empresas españolas profundicen en esa carrera hacia la internacionalización que tantos frutos nos ha proporcionado ya y que tantos más nos seguirá brindando en el futuro si todos colaboramos en la tarea.
Muchas gracias.
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